La alcaldesa Judith Piquet, junto a la concejala de Educación, Lola López, visitó este miércoles el CEIP García Lorca para constatar personalmente el estado de las intervenciones realizadas en el centro público. Durante la visita se verificaron los trabajos de refuerzo en la estructura y la impermeabilización de uno de los edificios, una obra que ha contado con una inversión superior a 40.000 euros.
La atención de la autoridad municipal se centró, sin embargo, en las obras de instalación de pantallas acústicas que ADIF lleva a cabo junto al colegio. Estas obras, comprometidas para su finalización el 31 de agosto de 2024, presentan ya un retraso acumulado de más de siete meses.
La alcaldesa Piquet expresó su “profunda preocupación” por la demora, subrayando que la instalación resulta imprescindible para garantizar un entorno adecuado para el profesorado y, especialmente, para el alumnado, incluyendo a aquellos con necesidades educativas derivadas de Discapacidad Auditiva.
Retraso inaceptable y falta de compromiso
“El Ministerio de Transportes y ADIF están demostrando una alarmante falta de sensibilidad con Alcalá de Henares”, declaró Piquet, enfatizando que la instalación de las pantallas acústicas fue una exigencia impulsada tanto por los vecinos como por la comunidad educativa, dadas las molestias derivadas de la cercanía de las vías del tren a dos centros escolares de la ciudad: el García Lorca y el Doctora de Alcalá.
Exigencias y nuevas acciones
La alcaldesa reiteró que el equipo de Gobierno municipal ha desplegado todos los esfuerzos para mediar y reclamar celeridad en las obras, lamentando además la “falta de respuestas claras y compromisos firmes” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dejado de atender las comunicaciones del Ayuntamiento desde el inicio del año. “Alcalá merece respeto y nuestros niños merecen un espacio educativo sin este nivel de ruido constante”, afirmó Piquet.
Desde el Ayuntamiento se exige la finalización inmediata de los trabajos y se anuncia que se elevará una nueva queja formal al Ministerio de Transportes para denunciar lo que se considera una situación “inadmisible”.
