El PSOE de Alcalá de Henares de Javier Rodríguez Palacios, cuando gobernaba la ciudad de 2019 a 2023, adjudicó contratos menores por valor de miles de euros a empresas dirigidas por familiares de algunos de sus concejales. En concreto, adjudicó contratos a dos empresas, cuyos dueños son familiares directos de sus concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, que siguen formando parte de la corporación municipal.
Habiendo tenido conocimiento de estos hechos, la Alcaldía Presidencia, del Ayuntamiento encargó la realización de dos expedientes de información reservada en relación por la posible existencia de irregularidades cometidas, a fin de constatar la existencia o no de hechos que pudieran ser constitutivos de falta disciplinaria u otro tipo de responsabilidad.
Comisión Especial de Investigación
Estas actuaciones tuvieron carácter previo a la incoación de un procedimiento posterior de responsabilidad. Que es lo que ahora el equipo de gobierno actual del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares quiere dirimir con esta Comisión Especial de Investigación; las responsabilidades políticas de las actuaciones llevadas a cabo en dicho periodo.
Porque ha quedado constatado que en mandato 2019-2023, bajo el gobierno socialista del entonces alcalde Javier Rodríguez Palacios se adjudicaron numerosos contratos menores a las empresas de familiares de sus concejales. Además, estos contratos fueron aprobados en el seno de la Junta de Gobierno, donde la mayoría de las ocasiones están concejalas estaban presentes.
“Más allá de las responsabilidades jurídicas que pudiesen dirimirse en un juzgado y al que por supuesto acudiremos”, señalan desde el equipo de gobierno actual “queremos aclarar todas estas responsabilidades”. “No solo de las concejalas señaladas, sino de los miembros de corporación y otros altos cargos eventuales y de confianza del gobierno anterior, inmersos en este irregular y amoral procedimiento de contratación con familiares”, añaden.
Ley de contratos del sector público
En un comunicado, el actual equipo de Gobierno también ha señalado que “como ustedes saben, el texto refundido de la ley de contratos del sector público en su artículo 60 apartado 1.g) prohíbe que personas relacionadas con cargos electos contraten con el sector público”. En concreto, se hace referencia a “cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad”.
Al mismo tiempo, indican que “es evidente que los comportamientos de estas personas que siguen siendo concejales socialistas y ex miembros de la Junta de Gobierno caen bajo este apartado de la ley. El objeto de esta comisión es saber si ha existido un conflicto de intereses de estas personas al formar parte del equipo de gobierno que adjudicaba contratos a sus familiares y qué incidencia han tenido en el procedimiento de licitación y si se inició, como manda la ley, un procedimiento por parte del anterior Gobierno de Rodríguez Palacios para aclarar la existencia de ese conflicto de intereses con el correspondiente informe de los servicios jurídicos que marca la ley”.
Por último, han concluido que “el Sr. Rodríguez Palacios es experto en pedir explicaciones a todo el mundo por hechos mucho menos graves que los que vamos a pedir que se investiguen en esta comisión. Queremos saber si el portavoz socialista está comprometido de manera real con investigar posibles casos de corrupción en la administración pública o solo en el uso partidista de todas las instituciones del Estado para crear bulos que tapen la propia corrupción de su partido a nivel nacional y de su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares”.
