La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), ha expresado este jueves que las conclusiones del informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el desalojo de un grupo de migrantes de un centro de acogida en enero pasado confirman la denuncia de su equipo de Gobierno acerca de la política «injusta e insolidaria» del Ejecutivo central con los migrantes llegados a la ciudad desde Canarias.
En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha determinado que la Administración Pública vulneró los derechos de los migrantes desalojados de un centro de acogida en Alcalá de Henares (Madrid) en enero, y ha solicitado que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral el abandono de personas migrantes en situación de irregularidad y especial vulnerabilidad.
Según Piquet, el informe, que respalda una denuncia de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la Administración Pública por dejar en estado de alegalidad y abandono a estas personas vulnerables, confirma su propia denuncia sobre la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Migraciones.
La alcaldesa ha sido especialmente crítica con el entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes, según ella, «intentaron ocultar su trato inaceptable» a los inmigrantes «insultando» al equipo de gobierno de Alcalá, llamándolos «racistas y xenófobos».
Plan de seguridad y convivencia
Finalmente, la alcaldesa de Alcalá ha exigido nuevamente al Gobierno de España que rectifique su política migratoria en la ciudad y presente un Plan de Seguridad y Convivencia para la integración de las más de 3.600 personas que han llegado a Alcalá «sin ningún proyecto».
Los fiscales actuaron a raíz de una demanda de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que denunciaba que en enero de 2024 la Administración Pública desalojó de un centro de acogida y derivación en Alcalá de Henares a un grupo de migrantes en situación administrativa irregular y especial vulnerabilidad, dejándolos en estado de alegalidad y abandono.
El procedimiento se tramita ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en virtud de la denuncia de la asociación por presunta vulneración del derecho fundamental a la vida, integridad física y moral, libertad y seguridad, y tutela judicial efectiva.
Desde la asociación aseguraron que el caso denunciado afectaba a personas migrantes, en su mayoría procedentes del entorno geográfico subsahariano, que entraron en España de forma administrativa irregular por las Islas Canarias en 2023. Según la denuncia, la Administración Pública las expulsó del centro «sin proporcionarles una solución u orientación sobre su situación jurídica en España», ni una solución habitacional ni «ningún medio de subsistencia».
En el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Manuel Campoy argumenta que la Administración Pública vulneró «el derecho fundamental a la integridad física y moral de las personas migrantes afectadas» al «generar una situación de riesgo relevante de lesión» para ellas.
