La comisión especial de investigación sobre las adjudicaciones de contratos a familiares de dos concejalas del PSOE en Alcalá de Henares durante la pasada legislatura arranca este lunes, según ha informado el Ayuntamiento mediante una nota de prensa.
Esta comisión, aprobada en el Pleno municipal del pasado mes de septiembre, se centrará en determinar posibles responsabilidades políticas y judiciales relacionadas con los contratos adjudicados a empresas vinculadas a familiares de las concejalas socialistas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra. Además, se investigará la posible implicación del anterior alcalde, Javier Rodríguez Palacios, y su equipo de Gobierno.
El objetivo principal es esclarecer si existió un conflicto de intereses en dichas contrataciones y si las ediles investigadas tuvieron influencia directa en la adjudicación de los contratos. También se analizará si se vulneró el artículo 60.1, apartado G, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Este artículo prohíbe a ciertas personas, como cónyuges o familiares cercanos de responsables de contratación, realizar negocios con la administración cuando haya conflicto de intereses.
Asimismo, se investigará si la Junta de Gobierno del anterior alcalde actuó conforme a la normativa, iniciando los procedimientos necesarios para declarar la existencia o no de conflicto de intereses y solicitando los informes jurídicos obligatorios al respecto.
Propuesta como presidenta: Isabel Ruiz Maldonado
En la sesión inaugural de la comisión, prevista para este lunes, se propondrá como presidenta a Isabel Ruiz Maldonado, primera teniente de alcalde. También se designará a los representantes de los distintos grupos políticos y se definirá el calendario de comparecencias.
Con esta investigación, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares busca arrojar luz sobre los hechos ocurridos durante el mandato anterior y garantizar la transparencia en la gestión pública.
