Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, ha manifestado su rotundo rechazo hacia la reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ampliar en 110 plazas adicionales el centro de acogida de inmigrantes en la ciudad complutense, sin haber informado previamente al equipo de gobierno municipal. Piquet ha calificado esta acción como una «deslealtad absoluta», criticando duramente la falta de comunicación, lealtad institucional y la opacidad del Delegado del Gobierno.
La regidora ha señalado que la expansión de este centro, inicialmente destinado a albergar a solo 50 personas de manera temporal, ha ido incrementando su capacidad de forma exponencial, alcanzando las 1.580 plazas actuales. Desde la apertura del centro, más de 6.100 personas han pasado por sus instalaciones, muchas de ellas menores de edad, una situación que, según Piquet, el Delegado del Gobierno negó en su momento, prometiendo que no ocurriría.
Un centro que nació con promesas incumplidas
“Lo que el Gobierno pretende en Alcalá es implantar un Centro de Internamiento Permanente, sin los medios adecuados para asegurar que sus residentes tengan una vida digna”, ha señalado la alcaldesa. Asimismo, ha criticado la manera en que se ha gestionado el aumento de capacidad del centro, llevándose a cabo “de tapadillo” y sin tener en cuenta el impacto que estas decisiones tienen tanto en los ciudadanos de Alcalá como en los servicios públicos del Ayuntamiento. Piquet también expresó su preocupación por la falta de recursos proporcionados por el Gobierno central a estos migrantes, en comparación con el volumen creciente de personas acogidas.
La Comunidad de Madrid también critica la ampliación
En paralelo, desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, también ha mostrado su descontento. El consejero criticó que el Gobierno central aumente las plazas en los centros de Alcalá de Henares y Carabanchel sin previo aviso, señalando la contradicción de que los socialistas arremetan contra el centro de La Cantueña en Fuenlabrada, gestionado por la Comunidad de Madrid, el cual cuenta con solo 99 plazas autorizadas.
Judith Piquet ha reclamado una mayor transparencia en la gestión de estos centros, exigiendo conocer no solo las nacionalidades de las personas acogidas, sino también qué ocurre con los residentes que abandonan el centro, ya que en ocasiones se han producido salidas masivas de hasta un centenar de personas en un mismo día, sin que se ofrezca información clara sobre su destino.
